DECLARATORIA DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
Reunidos y reunidas, en San Salvador, El Salvador, los y las representantes
de diversas redes, organizaciones sociales, iglesias y sindicatos,
comprometidos en luchar por la sustentabilidad y el derecho humano al
agua en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Preocupadas y preocupados por el rumbo de las políticas públicas que
nuestros gobernantes están impulsando para la gestión de este líquido vital,
celebramos una vez más un encuentro, que nos brinde un análisis de los
desafíos para una nueva institucionalidad pública del agua y saneamiento en
la región, además de la oportunidad de crear alianzas y coordinaciones
necesarias para la defensa, protección y sustentabilidad del recurso hídrico
de manera solidaria en Centroamérica.
Ante la opinión pública nacional e internacional exponemos, denunciamos
y demandamos a los gobiernos:
Ante la destrucción y contaminación generalizada y sistemática del
ambiente y del agua a nivel de la región, es producto de la falta de visión
ecosistémica, y del modelo y sistema de desarrollo de políticas
neoliberales que se ha impuesto a nuestros pueblos donde se tiene como
centro al mercado y no a la vida.
Frente la destrucción y alteración de las fuentes de agua y sus
ecosistemas, está ocasionando que la región entre a una crisis de acceso
al agua y de saneamiento acrecentado por los impactos del cambio
climático por medio de eventos climáticos extremos.
Lo anterior genera las principales causas de enfermedades y mortalidad
en nuestros países, ocasionando un severo impacto económico, social y
cultural, particularmente en la calidad de vida de las mujeres, niños y
niñas de los sectores más desprotegidos y vulnerables de nuestros
países.
La falta de un marco normativo y de una institucionalidad publica
autónoma y participativa que regule general y específicamente a lo que
agua y saneamiento se refiere, y el incumplimiento de las leyes y
normativas jurídicas internas e internacionales.
La deficiente inversión estatal para la ampliación y mejoramiento de los
sistemas de abastecimiento y de saneamiento; y de un enfoque
sustentable en la gestión del servicio, así como para la protección,
mejoramiento y recuperación de las cuencas, lo cual ocasiona un desigual
acceso y control del agua (en condiciones de calidad, cantidad y
frecuencia), que afecta a las familias de los sectores mas desprotegidos
y vulnerables.
Las políticas de los organismos financieros internacionales, como BID,
BM y FMI, de empresas transnacionales y de los gobiernos de privatizar
el agua y su servicio, poniendo en riesgo el acceso y control de los
sectores con menores ingresos y la disponibilidad actual y futura de la
población en su conjunto.
Los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, (DR-CAFTA,
ADA y otros.) con países desarrollados, que ven la región como un
mercado y fuente de recursos.
No habrá agua, si no se revierte la tendencia actual de explotación y
contaminación desproporcionada, cuyas repercusiones en los ecosistemas
y en la calidad de vida de la población de la región centroamericana;
serán de extrema gravedad.
Por lo antes expuesto exhortamos a la región centroamericana:
�� A luchar por la declaratoria del agua como un derecho humano
universal en todos los países de nuestra región.
�� Así como garantizar un medio ambiente sano y saludable. Es
imprescindible un esfuerzo organizado y coordinado para superar el
reto histórico de la crisis de los recursos hídricos.
�� A los países de la región Centroamericana, a la sociedad civil
organizada, a las instituciones, a las iglesias y a la ciudadanía en
general instamos a unirnos en un solo esfuerzo por construir
condiciones de vida dignas, con acceso y calidad del agua.
Y exigimos a los Estados de la región:
A los congresos y asambleas legislativas.
�� Se declare el agua como derecho humano Universal y que se incorpore
en las constituciones de los países de la región.
�� La necesidad de analizar y aprobar marcos jurídicos que regulen la
gestión adecuada y sustentable del agua y saneamiento en la región.
�� La no aprobación, no ratificación y derogación de tratados de libre
comercio, que atenten contra los derechos humanos y la soberanía de
nuestros pueblos.
A los órganos o poderes ejecutivos.
�� Asumir con responsabilidad la gestión de los recursos hídricos, es
necesario un compromiso en inversión pública en agua potable y
saneamiento a nivel nacional y regional a manera de poder tener una
gestión más sustentable e integral del agua, que beneficie a las
familias más desprotegidas y vulnerables de los países de la región.
�� La distribución equitativa del vital líquido, tomando como factor de
riesgo las inequidades de género; como parte de la cultura imperante
en la región centroamericana.
�� La participación ciudadana responsable, organizada, democrática en la
gestión territorial y sustentable del agua y saneamiento.
�� La priorización y aplicación de los convenios ya existentes en materia
de derechos humanos, pueblos indígenas y ambientales; así como la
aprobación de los convenios aun no ratificados en nuestra región.
�� La aplicación de las leyes existentes en la región, que penalizan
acciones que dañan los recursos hídricos y el medio ambiente.
�� El rechazo a las propuestas de las instituciones financieras
internacionales encaminadas a la privatización del agua y a la
destrucción de los recursos hídricos y del ambiente en la región.
�� El cese inmediato de todas aquellas industrias que atenten contra la
cantidad, calidad y sustentabilidad del agua en la región,
especialmente las explotaciones mineras metálicas, por su alto
impacto contaminante en el agua y el ambiente de la región.
�� Prohibir a la empresa privada, y a las Instituciones financieras
internacionales a seguir financiando proyectos que atenten contra el
bien público del agua, la destrucción del ambiente y la salud de la
población.
�� Que demanden ante la comunidad internacional, que los países
industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero y el cumplimiento de las regulaciones climáticas.
�� La promoción y construcción de una institucionalidad pública para la
gestión participativa y sustentable del agua, que supere la gestión
precaria e inadecuada realizada hasta el momento; que contribuya a la
preservación y rescate de los ecosistemas.
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