La
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución
surgida de los Acuerdos de Chapultepec, en el marco del XXI Aniversario
de la firma de los Acuerdos de Paz, considera oportuno hacer una
reflexión interna sobre el panorama que hoy se vive en El Salvador y
hacer un replanteamiento de los Acuerdos en la vía de encontrar
soluciones prontas que generen cambios reales en la vida y desarrollo de
los salvadoreños y salvadoreñas.
Como Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, presento este día un Balance sobre la Situación de los
derechos humanos luego de 21 años de haberse firmado los Acuerdos de
Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en El Salvador.
A 21 años de la firma de los Acuerdos de
Paz, se puede afirmar categóricamente que nuestro país se encuentra
pagando el precio de no haber seguido el rumbo que trazaron las
negociaciones en lo que concierne a la necesidad de promover los
consensos entre las fuerzas vivas de la nación para diseñar las bases
que nos condujeran al logro de la justicia social y el bien común.
La firma de los Acuerdos de Paz,
permitió no sólo finalizar el conflicto armado, sino la construcción de
un nuevo Estado respetuoso y garante de los Derechos Humanos. Hoy, al
conmemorar 21 años de su firma, es importante reflexionar que para
alcanzar ese gran objetivo, continúa siendo fundamental que las
instituciones del Estado orienten todos sus esfuerzos en asegurar los
derechos humanos de manera integral, para crear condiciones de vida
adecuadas que aseguren a cada salvadoreño y salvadoreña una existencia
con dignidad.
El Gobierno de El Salvador y el FMLN, REAFIRMARON los propósitos siguientes:
- TERMINAR EL CONFLICTO ARMADO POR LA VIA POLITICA;
- IMPULSAR LA DEMOCRATIZACION DEL PAIS;
- GARANTIZAR EL IRRESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS;
- REUNIFICAR LA SOCIEDAD SALVADOREÑA.
En este sentido, 21 años después, se
terminó el conflicto armado, pero las causas estructurales que lo
originaron no se han resuelto totalmente: como pobreza, impunidad,
crisis económica, inseguridad, entre otras.
En este sentido debe destacarse que no
obstante se ha avanzado en un proceso democratizador del país, el
impulso que se le ha dado ha sido lento, y en algunos momentos más que
avanzar hacia una sólida democracia, parecería que retrocedemos, esto
como resultado de medidas o acciones publicas de parte de los gobiernos
anteriores; medidas como dolarización, privatización de servicios
públicos, políticas neoliberales, permisividad de la impunidad, justicia
tardía, corrupción, ausencia de políticas publicas a favor de la
población, crisis política y financiera, entre otras; ha hecho que ese
anhelo de los firmantes de los Acuerdos de Paz parecería estar lejos de
alcanzarse.
La creación de instituciones nuevas como
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tiene como
propósito el que fuere la única institución con rango constitucional
para velar por el pleno respeto a los derechos humanos, sobre todo
porque durante la guerra hubo graves violaciones a los derechos
humanos, incluyendo Crímenes de Lesa Humanidad, como el asesinato de los
Sacerdotes Jesuitas y dos domésticas, Monseñor Romero, entre otros;
miles de personas desaparecidas, y masacres como las ocurridas en el
Mozote, y otras. Sin embargo a pesar de los esfuerzos hechos por la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como una de las
instituciones con mas alto grado de confianza ciudadana, ha hecho falta
impulsar campañas para educar más en derechos humanos, para ello se
necesita que se le dé a la PDDH un presupuesto que le permita cumplir
totalmente con uno de los propósitos de los Acuerdos de Paz como es
garantizar el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente se puede
observar que las políticas públicas no se han implementado con enfoque
de derechos, y así se han impulsado acciones violatorias de derechos
humanos, tales como la política de Mano Dura y Super Mano Dura, y otras
que en temas de seguridad se han seguido implementando, con la
participación excesiva de la Fuerza Armada en tareas de seguridad
pública.
Así también las graves violaciones a
los derechos humanos contra las mujeres, como son los feminicidios,
discriminación y falta de oportunidades, esto no obstante algunos
esfuerzos que se han hecho.
Pero lo más grave en esta área es el
alto grado de impunidad existente al no haberse juzgado aun a quienes
cometieron graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto
armado, los cuales reflejan una deuda histórica hasta la fecha,
negándose a las victimas derechos como justicia, verdad y reparación.
A esta omisión en el deber estatal se le
suma, la no firma, adhesión y ratificación de Instrumentos
Internacionales en materia de derechos humanos, como lo son: Estatuto de
Roma, que crea la Corte Penal Internacional, Protocolo CEDAW, Protocolo
contra la Tortura, y la no derogatoria de la Ley de Amnistía.
A esto debe agregarse otras acciones que
aún están pendientes de ejecutar, como la constitución del FORO PARA LA
CONCERTACION ECONOMICA Y SOCIAL, que ha tenido una vida muy efímera,
se crea con el propósito de convertirlo en una plataforma idónea para
construir consensos para lograr progresivamente el desarrollo humano del
país. Es por ello que en el Documento Capitulo V. 1- Tema Económico y
Social, se dejó sentado que “la reunificación de la Sociedad
Salvadoreña, en Democracia, tiene como uno de sus requisitos, el
desarrollo económico y social sostenido del país”. Destacan los
Acuerdos: que la Reunificación de la Sociedad Salvadoreña, y un
creciente grado de cohesión social, son elementos para acceder al
desarrollo.
Lamentablemente a la fecha, no obstante
los esfuerzos hechos por el actual gobierno, los intereses políticos y
económicos han hecho que al no comulgar con un modelo de desarrollo
económico y social, respetuoso de los derechos humanos, no esté
funcionando dicho foro. Lo mismo se puede decir del Consejo Económico y
Social (CES), que no ha dado los frutos esperados. Esto en parte, al
no abrir espacios para discutir temas económicos, hace que se esté
desbordando la protesta social, al no sentirse representados sectores
importantes de la población en estos FOROS O CONSEJOS ECONOMICOS, lo
cual ha imposibilitado cumplir con el propósito de la Reunificación de
la Sociedad Salvadoreña y por el contrario se mira un ambiente de
polarización entre diferentes sectores de la sociedad, que están
impidiendo el desarrollo económico y social del país.
Es así como se ha incumplido Acuerdos
como darle preferencia al proceso de transferencia de tierras para los
Ex – Combatientes de ambas partes, como lo señala el Capitulo V 2-
Problemas Agrarios de los Acuerdos de Paz.
A lo anterior debe agregarse el
deterioro y debilitamiento o desnaturalización de algunas instituciones
como la Policía Nacional Civil, que no han podido controlar de acuerdo
con su nueva doctrina, la delincuencia y por el contrario se mantiene
con altos índices de denuncias por violaciones a derechos humanos; la
Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, que ha tenido poco
protagonismo para impulsar procesos disciplinarios por infracciones
cometidas por miembros de la corporación policial.
En el área de la niñez y la juventud la
PDDH destaca en primer orden el reconocimiento expreso y público de
responsabilidad del Estado de El Salvador sobre la práctica de la
desaparición de cientos de niños y niñas durante el conflicto armado el
cual no se ha traducido en avances significativos en la consecución de
la justicia para miles de víctimas. La determinación de la verdad en
cada caso individual a través de un proceso judicial es un deber
absolutamente indelegable e inderogable en los casos de desapariciones
forzadas, aún más de niños y niñas. Muestra de este nuevo panorama es la
creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños
Desaparecidos por el Conflicto Armado la cual ya ha arrojado sus primero
frutos con la investigación y reencuentro de varias personas que
durante su niñez fueron víctimas de esta dolorosa práctica violatoria a
sus derechos fundamentales.
Como avances, debo señalar el hecho de
haber creado instituciones nuevas como la Policía Nacional Civil,
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Inspectoría
General de la Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad
Pública, entre otras; la aprobación de abundante normativa interna,
Reestructuración del Sistema Electoral y Reformas en esa materia; el
Reconocimiento de Responsabilidad y Pedido de Perdón por parte del
Señor Presidente de la República en el caso Jesuitas, Monseñor Romero y
Masacre el Mozote; Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Niñas y Niños desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno;
Políticas Públicas implementadas por el actual Gobierno en favor de
sectores de la población como: Personas con Discapacidad, Adultos
Mayores, Diversidad Sexual y programas a favor de los derechos de la
mujer como el proyecto de Ciudad Mujer.
Compromisos por cumplir:
- Implementar un mecanismo para darle pleno cumplimiento a los propósitos de los Acuerdos de Paz;
- Combatir la impunidad y hacer que se investigue los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el pasado;
- Promover la Derogatoria de la Ley de Amnistía;
- Ratificar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que están pendientes;
- Promover políticas integrales
para garantizar los derechos de la niñez, especialmente en la
investigación de la niñez desaparecida;
- Promover políticas más integradas para garantizar los derechos de las mujeres;
- Dar cumplimiento a las Recomendaciones y Sentencias de Organismos Internacionales;
- Impulsar el Foro para la Concertación Económica y Social;
- Promover una verdadera Política Medio Ambiental;
- Dar prioridad a la solución de problemas sociales (salud, pobreza, trabajo, vivienda, educación)
- Crear una Comisión Interinstitucional para impulsar el cumplimiento de los Acuerdos aún pendientes.
San Salvador, 16 de enero de 2013.
Lic. Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos