Como parte de mi obligación de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, desde el inicio de mi mandato he realizado diferentes acciones para proteger y promover los derechos específicos que corresponden a los pueblos originarios que habitan el territorio salvadoreño.
En ese sentido, he denunciado públicamente la invisibilización de los graves problemas queenfrentan dichos pueblos al verse prácticamente excluidos de todos los espacios de discusión delos asuntos nacionales y encontrarse sin opciones para reclamar y hacer valer sus derechos comopueblos.
Asimismo, he documentado las quejas que los y las representantes indígenas han presentado contra instituciones del Estado por discriminación, impedimento para ejercer sus prácticas culturales ancestrales en materia de salud, impedimento para acceder a lugares sagrados, y discriminación en la realización de censos poblacionales, entre otros hechos violatorios.
También he dirigido comunicaciones oficiales a los principales Órganos del Estado solicitando que El Salvador sea Estado Parte de convenios internacionales que buscan garantizar el respeto de sus derechos específicos, y he propuesto, en conjunto con las estructuras organizativas indígenas más reconocidas, una reforma a la Constitución de la República para incluir en su texto el reconocimiento a la existencia y los derechos de los pueblos originarios. No obstante esos esfuerzos, actualmente la situación de los pueblos originarios no ha variado sustancialmente.
El actual Gobierno creó al inicio de su gentión la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas como parte de la Secretaría de Inclusión Social, con la finalidad de impulsar desde dicha oficina la creación de políticas y programas en beneficio de los pueblos originarios; pero esa iniciativa nunca dio buenos resultados y actualmente ya no existe. Los asuntos indígenas actualmente son tratados desde una dependencia de la Secretaría de Cultura, pero con enfoque limitado a la visibilización de la identidad indígena, no a la protección integral de sus derechos, o al menos sus acciones más visibles, eso demuestran. Aunque el Órgano Ejecutivo realizó al inicio de su administración importantes gestos políticos al pedir perdón por la exclusión y discriminación a la que fueron sometidos los pueblos indígenas históricamente en nuestro país, no ha impulsado ninguna acción positiva para el reconocimiento jurídico de sus derechos a través de la adhesión de El Salvador al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Por otra parte, si bien la Asamblea Legislativa que finalizó su período en el mes de abril de este año aprobó una reforma a la Constitución de la República en favor de los pueblos originarios, debo lamentar que no todos los partidos políticos acompañaron la aprobación y que la actual Asamblea Legislativa que debe ratificar dicha reforma no ha dado muestras todavía de verdadera voluntad para hacerlo. Un hecho positivo que debo destacar es la reciente visita a nuestro país del Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Doctor James Anaya, quien con la facilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo reuniones durante varios días con diferentes funcionarios públicos y con representantes indígenas de todo el país. Esta visita, sin duda, coadyuvará a la visibilización de la problemática que enfrentan los pueblos originarios y comprometerá aún más a El Salvador para que haga los esfuerzos que sean necesarios para proteger y garantizar sus derechos humanos. Lamentablemente, aunque nuestro país recibe recomendaciones y observaciones de organismos internacionales para el progreso de los derechos humanos, hasta ahora su cumplimiento no ha sido efectivo. En materia de derechos de pueblos indígenas, El Salvador ha sido blanco de múltiples señalamientos que van desde la obligación de investigar los asesinatos, las masacres y las violaciones a derechos humanos de que fueron víctimas los indígenas antes y durante el conflicto armado, hasta la elaboración de censos específicos y la emisión de políticas públicas para la protección y promoción de sus derechos, pero hasta ahora, nada de eso se ha cumplido. Por las razones anteriores, en este "Día de la Hispanidad" quiero reivindicar que para los pueblos originarios, no se trata de una fecha festiva, sino más bien de una efemérides que recuerda el inicio de la pérdida paulatina de su cultura ancestral, de su forma de vida y de las prácticas de su cosmovisión. Por eso muchos de ellos más bien denominan este como el "Día de la Resistencia Indígena", por que a pesar de las condiciones adversas en que los modelos políticos los han obligado a vivir históricamente, aún en la actualidad, continúan negándose a desaparecer y siguen exigiendo de los gobiernos y de las autoridades competentes el cumplimiento de sus derechos humanos. Esta fecha es propicia para recordarle al Estado salvadoreño que debe retomar con seriedad sus compromisos en beneficio de los pueblos originarios, principalmente aquellos que permitan:
1. Reivindicar la memoria histórica de dichos pueblos, investigando las violaciones a derechos humanos de las que han sido víctimas y resarciendo los daños;
2. Crear el marco jurídico necesario para la debida protección y promoción de sus derechos, lo cual implica la ratificación de la reforma constitucional ya aprobada y la adhesión al Convenio 169 de la OIT; la no ratificación o adhesión de esta norma constitucional y Convenio Internacional, constituye desde ya violación por omisión a derechos humanos;
3. Implantar la estructura institucional y presupuestaria que sea suficiente para garantizar su buen vivir según su propia cosmovisión; y
4. Retomar dentro del que hacer estatal el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para el rescate de la identidad indígena, su autonomía y su libre determinación. Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos continuaré apoyando a los pueblos originarios de El Salvador en su lucha por ser reconocidos jurídicamente y estaré atento a denunciar e investigar las violaciones a derechos humanos de que sean víctimas.
San Salvador, 12 de octubre de 2012.
Licenciado Osear Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
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