DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,
Licenciado Oscar Humberto Luna, en el marco de la celebración del
“Día internacional de la juventud”

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos aprovecho que el 12 de agosto se conmemora a escala mundial el Día internacional de la juventud para expresar un saludo a todas las juventudes salvadoreñas, al mismo tiempo expreso mi preocupación ante la persistente y difícil situación que atraviesan las y los jóvenes a causa de diversos factores estructurales y la ausencia de un interés real de parte del Estado para atender las demandas de este importante grupo de la sociedad, que representa la franja más numerosa de nuestra población; de acuerdo a los resultados oficiales de los Censos Nacionales VI de Población y V de Vivienda, realizados en El Salvador del 12 al 27 de mayo de 2007, la cifra de habitantes de nuestro país era de 5,744,113 personas, de las cuales el 52.82% (equivalente a 3,034,074 personas) son menores de 25 años de edad, se trata de jóvenes, y el 44.35% (es decir, 2,547,532 personas) de la población del país son menores de 19 años de edad.

Hasta hoy la juventud salvadoreña es víctima de innumerables problemas que, sumados a la crisis económica que atraviesa el país, le impiden un desarrollo integral. En El Salvador la persona joven sigue siendo objeto de discriminación, violencia, represión, indiferencia e incriminaciones, en la mayoría de ocasiones resultado de estigmas sociales y falta de conocimiento de la realidad en la que viven. Las cifras indican que la mitad de los jóvenes salvadoreños no tiene acceso a un empleo pleno en el país. La tasa de desempleo entre los jóvenes es de 13.3%, casi el doble de la nacional que es de 7.1 y uno de cada 3 está subempleado. Los y las jóvenes han dicho que las empresas deben flexibilizar sus requisitos para su incorporación en el mercado laboral.
En el área educativa, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Educación, la tasa de repetición se incrementó de 4.3% a 4.4% en educación media. El clima de violencia en que vive el país ha afectado mayormente a los jóvenes, de los cuales un elevado porcentaje se encuentra escolarizado, en su mayoría en el sistema público de enseñanza. La Policía Nacional Civil ha confirmado en el período que va del 1 de enero al 30 de junio de 2011, 75 homicidios de estudiantes en el país, de los cuales, el 50.6% ocurrieron en 8 municipios del Área Metropolitana de San Salvador, 70.6% se cometieron con arma de fuego y 28% de los estudiantes asesinados tenían "probada afinidad a pandillas”.

Asimismo, se reporta que 81 docentes fueron víctimas de extorsiones. El Ministerio de Educación confirmó que unos 800 centros educativos se encuentran en riesgo debido a la inseguridad y se afirma que en 300 instituciones educativas las pandillas se han infiltrado. Debido a los elevados niveles de violencia, hubo un descenso en la matrícula escolar del 9% en el 2011 tanto en el sector público y privado; de acuerdo a información difundida por medios de comunicación social, en 2010 hubo un total de 1 millón 579 mil 709 estudiantes inscritos, mientras en el 2011 se registró una planilla de 1 millón 502 mil 292; en este sentido, se observa una reducción de alrededor de 77 mil estudiantes. Según el director de planificación del MINED, Fernando Guerrero, entre otros factores, la violencia, sería otra causa que propiciaría que los estudiantes prefieran no integrarse al sistema educativo. En este punto, se debe indicar los históricos retrasos en la inversión educativa estatal respecto al Producto Interno Bruto que está muy a la zaga del promedio recomendado por organismos internacionales de derechos humanos, es decir, debe elevarse del 3% actual al 6%.

La escasa inversión en educación provoca que miles de jóvenes no puedan acceder a la educación superior con lo cual sus sueños de disfrutar de un mejor nivel de vida para él y su familia se ven truncados. Es corriente que haya reclamos y protestas de jóvenes porque se les niega su matrícula en la única Universidad pública del país. No se conocen cifras oficiales que indiquen las tasas de jóvenes en edad para educarse y no lo están siendo, a pesar que el programa de Gobierno del actual presidente de la República pretende otorgarle “a la educación superior, en particular a la educación superior pública universitaria y tecnológica, el papel protagónico (…) La educación superior es un bien público y un derecho de todos y todas, no es una mercancía. El Nuevo Gobierno no suscribirá acuerdos internacionales que incluyan la educación superior en el mercado de servicios y regulará la inversión de capital extranjero en las instituciones de educación superior nacionales. Se asegurará el carácter público, autónomo y nacional de la Universidad de El Salvador (…). Se incrementará de manera planificada y progresiva el presupuesto de la Universidad de El Salvador, que ahora es uno de los más pobres de la región y de América Latina (…), colocar a la educación superior en el sitial que le corresponde en el desarrollo educativo nacional (...)”.

En cuanto a la violencia letal, se tiene que el primer trimestre de 2012 cerró con un promedio diario de 11 homicidios según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), es decir, 1,045 homicidios en dicho período. El discurso oficial para explicar el incremento de homicidios durante los primeros 2 meses de 2012 (cerca de 14 muertes diarias), es que “no solo las pandillas son responsables de al menos un 90 por ciento de los homicidios, sino que también un 90 por ciento de los asesinados son miembros de pandillas o personas ligadas a las redes de crimen organizado”. Esta explicación ha sido constante en las declaraciones de las autoridades estatales encargadas de perseguir el delito, que en mi opinión aparece como la más fácil de proporcionar y a veces sin mayores fundamentos. Por ejemplo, los asesinatos de la adolescente atleta vicentina que sucedió recientemente y de las tres adolescentes hermanas sucedido el 7 de marzo del corriente año en el municipio de Ilopango. Otro caso publicitado es la masacre de los cinco jóvenes estudiantes de Santa Tecla.

Otro fenómeno que está generando afectaciones a la vida de las adolescentes es el embarazo precoz, las cifras indican que en 2010 el MINSAL registró a 26,662 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que concibieron. Datos preliminares del indicado ministerio señalan que en 2011 unas 1,713 niñas entre 10 y 14 años resultaron embarazadas, de ellas 50 (3%) tuvieron su segundo hijo. El embarazo precoz es una manifestación de la afectación a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. 

El anterior panorama me permite afirmar que la juventud salvadoreña ha estado privada del goce de sus derechos como: a una vida sin violencia, oportunidades plenas de estudio para su formación media, técnica o profesional integral y de calidad, a ser educados en valores, a la educación sexual, a ser protegida de abusos sexuales, a un trato digno por parte de las autoridades, a la formación de su personalidad, a no ser discriminada, a oportunidades de trabajo, al ocio y esparcimiento sano.

Si bien es cierto que existe una Ley General de Juventud, la cual es limitada y no reconoce todos los derechos que las juventudes salvadoreñas deben tener en nuestro país, asimismo, existe un Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), el cual es todavía un organismo débil, con proyección limitada y escasos programas que promuevan el desarrollo de las y los jóvenes, aún falta decididas acciones y esfuerzos gubernamentales para que este importante sector de la población salvadoreña goce realmente de sus derechos.
A la fecha se tiene conocimiento de la existencia de la Política Nacional de Juventud, pero no se sabe en qué medida está siendo aplicada por las diferentes instancias del Órgano Ejecutivo, y de qué manera será impulsada en lo que resta del actual quinquenio, al tiempo que no se evidencian programas integrales y funcionales de oportunidades para las juventudes ni de reinserción social para las y los jóvenes en conflicto con la ley.
Esta Procuraduría deplora que el actual Gobierno aún no se adhiera —ni ha expuesto su posición oficial— a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la cual es un instrumento que garantiza una serie de derechos humanos de suma importancia para mejorar la vida y el desarrollo integral de este sector. Dicha Convención ya ha sido ratificada por varios Estados de nuestro continente, incluidos Honduras y Nicaragua a nivel de la región centroamericana. En este marco, desde el año 2008 como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos me he pronunciado en diversas ocasiones porque nuestro país se adhiera y ratifique dicha Convención; además, junto a las y los jóvenes miembros de las Unidades Juveniles de la PDDH hemos impulsado diversas actividades y cada año, hemos realizado diferentes acciones y gestiones para lograr su adhesión y ratificación.
Por otro lado, es importante señalar que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la única institución del Estado que desde hace diez años trabaja con la juventud nacional, por medio de las Unidades Juveniles, que en el presente año celebran el X aniversario de su creación y funcionamiento en todo el territorio de la República. Las referidas Unidades Juveniles contribuyen al cumplimiento del mandato constitucional que tiene esta Institución y lo hacen de una manera innovadora, amigable, con metodologías participativas, promoviendo el liderazgo de los y las jóvenes que participan e inciden en el ámbito local, en las comunidades, centros educativos y universidades.
El esfuerzo que se realiza desde las Unidades Juveniles incluye las áreas educativa, organizativa y en el autocrecimiento que fomente el protagonismo y liderazgo juvenil, para el conocimiento y demanda de acciones dirigidas al cumplimiento de los derechos humanos de la juventud. 

Por todo lo anterior, hago las siguientes recomendaciones:
A las señoras y señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa a que otorguen un mayor presupuesta tanto al Ministerio de Educación como a la Universidad de El Salvador para que se fortalezca la educación de las y los jóvenes salvadoreños.
Al señor Presidente de la República a que tome las acciones pertinentes para la firma y posterior ratificación de la Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes.
Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que lidere un esfuerzo de coordinación nacional que permita la implementación de políticas públicas para que las y los jóvenes se inserten en el mercado laboral decente.
Al Ministerio de Educación a que realice esfuerzos para adecuar la oferta educativa y la educación técnica a las demandas del mercado y a que se promuevan pasantías.
A la Fiscalía General de la República, a que realice una investigación exhaustiva de todos los casos de asesinatos de adolescentes y jóvenes y se procese y castigue debidamente a los autores de esos actos y ponga a disposición de la familia de las víctimas los procedimientos y mecanismos adecuados para atención psicosocial y obtener reparación e indemnización.
Al señor Director General de la Policía Nacional Civil que formule y aplique una política integral para prevenir la violencia contra las personas adolescentes y jóvenes, en particular los asesinatos, e intensifique sus esfuerzos por garantizar a las juventudes salvadoreñas el derecho a la vida en todo el país.
Al señor presidente del Instituto Nacional de la Juventud, a que realice las acciones de su competencia para promover los derechos y libertades fundamentales de las juventudes salvadoreñas.
Finalmente, felicito a todas y todos los jóvenes de El Salvador por la celebración de su día y les reitero mi compromiso constitucional de mantenerme atento y buscar junto a las y los miembros de las Unidades Juveniles de nuestra Institución los espacios necesarios que nos lleven a lograr la garantía de los derechos fundamentales de la juventud.

San Salvador, 12 de agosto de 2012

Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos